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El corralito fotovoltaico (o impuesto al sol)

Xabier Zubialde Legarreta nos explica, en este capítulo del libro Hacia la soberanía energética, qué es el denominado "corralito fotovoltáico" o "impuesto al sol" que en el Estado español ha impedido durante años impulsar el autoconsumo eléctrico mediante la energía solar, imponiendo un impuesto a este tipo de instalaciones. Una medida que solo ha beneficiado a las grandes empresas del oligopolio energético.

capítulo del libro Hacia la soberanía energética · Xabier Zubialde Legarreta


El poder y los intereses de grandes empresas energéticas y de los representantes políticos en las instituciones quedan al descubierto con la reforma del Real Decreto Fotovoltaico que ha dado lugar al denominado “corralito fotovoltaico”. En el 2004 se publicó en el BOE un Real Decreto que regulaba los precios que se iban a pagar por la electricidad producida en las instalaciones solares fotovoltaicas que inyectaban electricidad en la red general, estipulación de precios para 25 años garantizados con la firma del rey. Independientemente de la especulación fotovoltaica -que existió, como no podía ser de otra manera-, muchos particulares invirtieron sus ahorros en fotovoltaica para obtener unos ingresos determinados con los precios garantizados a 25 años. Pocos años después, el Real Decreto del 2004 se sustituyó por otro que contradecía al primero.

Paralelo a esto, y paradójicamente, los precios de los módulos fotovoltaicos (placas solares) fueron disminuyendo hasta que empezó a ser rentable llevar a cabo instalaciones de autoconsumo en casas y edificios, que permitían y permiten utilizar instantáneamente la electricidad que generan, en lugar de comprarla a la empresa comercializadora. Ante el riesgo de que el fenómeno se extendiese y se generalizase el autoconsumo, las instituciones estatales plantearon un borrador de otro Real Decreto que “regulara” este tipo de instalaciones, que, en la práctica, al hacerlas poco atractivas, se ha convertido en su estrangulamiento económico.

Como hemos visto, tras la denominada “crisis económica” iniciada en 2008, el consumo de energía ha bajado. Si el consumo de un producto baja, con los mismos precios y condiciones, la empresa que nos vende el producto ve reducir sus beneficios. ¿Cuál ha sido la respuesta de los vendedores de energía eléctrica? Bajar el precio del consumo (variable y que permite ahorrar si apagas una bombilla) y subir el precio de la potencia demandada (fijo y que obliga a pagar un precio más alto independientemente de si apagas o no la bombilla). De esta manera, ahorrar energía, que es lo que estaba sucediendo desde el 2008, significa ahorrar menos dinero1.

En las instalaciones solares de autoconsumo y tras los decretos y modificaciones legislativas, ¿qué pasa con una unidad de energía producida por un módulo fotovoltaico solar? Quieren que si alguien se pone uno y produce una unidad de electricidad para consumirla en su propia casa, tenga que contabilizarlo con un contador externo y tenga pagar un impuesto por lo autoproducido –por esa energía que ha dejado de comprar a la compañía–. Además, si no lo consume en el momento y la unidad de energía eléctrica sale desde su casa a la red, se lo cobran en el contador “inteligente” de la compañía, a un precio similar al que se compra la electricidad en cualquier casa. Pero no queda ahí la cosa, esa unidad de energía que sale de su casa -después de pagar por ello-, entra en la casa de al lado y ¡la vuelven a cobrar por segunda vez! En resumidas cuentas, las eléctricas cobran dos veces por algo que no han producido.

Tal cual. Por explicarlo con un ejemplo más gráfico. Yo cultivo un tomate en la huerta, me lo hacen pagar a precio de hipermercado porque sale de mi huerta, se lo come mi vecino o vecina y se lo vuelven a cobrar al mismo precio por no haberlo comprado en el hipermercado. Esto es la regulación de las instalaciones de autoconsumo impulsada por el Gobierno de España.

¿Qué estaba ocurriendo? Las cuentas no engañan: el precio de cada unidad de energía eléctrica que pagamos en nuestras viviendas, que pagábamos a estas empresas, se acercaba a 0,18€/kWh y, sin embargo, debido a la bajada del precio de las instalaciones solares fotovoltaicas, se podía estimar en 0,10€/kWh el precio de costo de cada unidad de energía eléctrica solar. Es decir, con los precios actuales sobre la mesa, sin subvención o ayuda alguna, se estaban produciendo unidades de energía eléctrica solar más baratas que los precios “de mercado”, los que nos están cobrando en las facturas.

Después de una campaña masiva a través de los medios de comunicación y los lobbyes de los grupos de poder, culpabilizando a las energías renovables del alto coste que pagamos por la electricidad, se ha conseguido generar cierta confusión. Sin embargo, después de repetir esta mentira mil veces, al final se está descubriendo parte de la verdad: con los precios actuales de las instalaciones solares fotovoltaicas, se puede generar energía eléctrica más barata que con las grandes centrales de producción. Cuando tienen un riesgo de venta de su producto, ya no les gusta tanto el “libre” mercado, ahora es mejor regularlo.

Además, estas medidas que intentan dificultar este tipo de instalaciones se añaden a las que ya se aprobaron a nivel europeo: un recargo arancelario del 11,8% a los módulos solares fotovoltaicos chinos, pues consideraban que se estaban vendiendo demasiado baratos, con la amenaza de que, si no corregían al alza los precios, se les aplicaría un recargo del 47,6%. ¿Curioso no? ¿Por qué a la energía solar fotovoltaica sí y a los juguetes, a los espárragos o al textil no?

Por otro lado, además del evidente interés económico para el particular, ¿qué beneficios puede tener el autoconsumo para nuestra sociedad? Se reducen los costes económicos vinculados a la energía, se reducen las emisiones de CO2 debido a que se producen con energía solar en sustitución de combustibles fósiles, se reduce la dependencia energética del exterior, se favorece la generación de empleo a través de muchas pequeñas instalaciones en lugar de unas pocas grandes instalaciones, se reducen las pérdidas en el trasporte de la red eléctrica en alta y media tensión al generar la electricidad y consumirla en el mismo punto.

Un decreto para potenciar el llamado “balance neto” complicaría más el gran negocio de las compañías eléctricas, ya que con esta regulación se incentivan las instalaciones solares en las viviendas y, si no se consume instantáneamente la energía producida por el sol, la sobrante sale de casa por la red eléctrica, se abona el mismo precio de mercado, y la aprovecha el edificio consumidor más cercano. En estas circunstancias, el régimen ordinario de la central de gas natural dejaría de generar esa energía. Además se reducirían las pérdidas debidas a su transporte en las famosas y no deseadas líneas de alta tensión. En resumen, se dejaría de penalizar la producción solar propia y, de haber un excedente, se abonaría a precio de mercado lo inyectado a la red.

La gran justificación para perseguir las instalaciones de autoconsumo ha sido la existencia de los llamados peajes. Es decir, existe una red eléctrica -el cableado que une las centrales de producción y todos los puntos de consumo-, que tiene un coste económico de instalación, de mantenimiento y gestión. Por aquí viene la justificación de que, si dejamos de usar unidades de energía eléctrica de la red, nos aprovechamos de la misma solo cuando la necesitamos, pero dejamos de pagar ese fijo y, por lo tanto, somos insolidarias con el resto de usuarias. El argumento no puede ser más insostenible, si no que se lo pregunten a quien desenchufa los plomos cuando se va de vacaciones, ¿deja de consumir y de pagar el fijo de la factura? Evidentemente no, la factura llega y tiene un fijo razonablemente alto. Exactamente lo mismo que ocurriría con las instalaciones de autoconsumo, los fijos de las facturas se seguirían abonando. Pero, asumiendo que hay que pagar esos “peajes” por el uso de las redes eléctricas, podríamos plantear en lugar de una fija, una cantidad variable. Es decir, si la central de producción está muy lejos de los puntos de consumo que pague más, que pague por kilómetro de red eléctrica utilizada. Y si una central de producción (por ejemplo una pequeña instalación solar en un tejado) está cerca del punto de consumo, que pague proporcionalmente a la distancia de red utilizada. Como ocurre con los vehículos en las autopistas, pagan en función de los kilómetros recorridos. En el sector eléctrico nos quieren vender la idea de que se paga por unidad que circula por la red, independientemente de la distancia que recorre… ¿un poco extraño, no?

Además del impuesto sobre la energía que se autoconsume en la propia instalación (sin salir del edificio), habría un peaje sobre la sobrante que se vierte a la red. “Agravándose” la situación si se utiliza algún método de acumulación de energía, por ejemplo baterías.

Lo acontecido con la regulación de las fotovoltaicas, independientemente de si en origen fue correcto o no, implica una pérdida absoluta de confianza en las instituciones y en general en el sistema. Han cambiado las normas de juego en medio del partido para poder ganarlo. ¿Quién se atreve a plantear una inversión en un proyecto o idea de futuro si tiene miedo a que cambien las normas de juego en plena partida?

Detrás de todo este corralito fotovoltaico vemos, claramente, la voluntad de grandes empresas, de bancos y de Estados para que no seamos productores y productoras, no ya de energía (renovable, además) sino que no produzcamos absolutamente nada que no pase por el control de los oligopolios que dominan todos los sectores económicos de nuestra sociedad. Solo necesitan consumidoras.

 

1 Con esta medida se provoca un efecto evidentemente buscado: ahorrar energía se traduce en menos ahorro económico. En algunos casos, no superando siquiera el uso de electricidad ni el 50% de lo que realmente abonamos. Pagando como fijos, además: distribución y transporte de la electricidad, incentivos a las energías renovables, a la cogeneración, residuos; moratoria nuclear, déficit eléctrico, disponibilidad de energía en las islas y en Ceuta y Melilla, el impuesto de electricidad y el 21% de IVA.

 

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